Directorio del Banco Mundial analiza resultados de la investigación del Panel de Inspección del Proyecto de administración de tierras de Honduras

Honduras: Mejorar la administración de la tierra es fundamental para lograr mejores formas de sustento y oportunidades económicas

WASHINGTON, 26 de octubre de 2007 – El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial anunció hoy las conclusiones de la investigación independiente realizada por el Panel de Inspección acerca del Proyecto de administración de tierras de Honduras y el Plan de Acción de la Administración que busca asegurar una mayor participación de las comunidades indígenas.

La investigación fue realizada en respuesta a una solicitud de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) en representación de algunas comunidades garífuna de Honduras. El Directorio también aprobó Plan de Acción de la Administración incluido en la respuesta oficial entregada por el Banco respecto de las conclusiones informadas por el Panel.

OFRANEH sostenía que el Proyecto no consultó debidamente a las personas y organizaciones que representan a las comunidades garífuna afectadas. La queja también sostenía que la Ley de Propiedad de Honduras de 2004 no cumple las políticas de salvaguardia del Banco y que el Proyecto contraviene la evaluación ambiental del Banco y las políticas de salvaguardia sobre hábitat naturales.

El Presidente del Grupo del Banco Mundial, Robert Zoellick, acogió con agrado el Informe de investigación preparado por el Panel de Inspección y el Informe de la Administración como contribuciones importantes para promover el uso de los programas de concesión de títulos a fin de apoyar el desarrollo equitativo y proteger los derechos de las comunidades indígenas.

“En seguimiento del informe realizado por el Panel, será necesario examinar detenidamente el asunto de la participación de estos grupos representantes de los pueblos indígenas en cualquier consulta que tenga consecuencias para sus derechos sobre la tierra y sus formas de sustento”, explicó Jane Armitage, directora del Banco Mundial para América Central, durante el procedimiento. También agregó que “es muy importante aprender las lecciones de esta experiencia y poner todo el empeño para aplicarlas en el futuro”.

El Panel detectó que el Banco había cumplido con sus políticas y procedimientos en aspectos importantes, como: preparación de un plan de desarrollo de los pueblos indígenas; procesos de consulta durante la preparación del proyecto; identificación, durante la evaluación ambiental, de la superposición de zonas protegidas con tierras étnicas; y desarrollo de un Marco de proceso para abordar estos casos.

Sin embargo, el Panel encontró que la falta de participación permanente de los solicitantes y de otras organizaciones garífuna importantes en el marco de consultas del Proyecto impide asegurar una representación genuina de los pueblos garífuna y contraviene las políticas del Banco sobre pueblos indígenas. El Panel constató que el marco de consultas tiene el potencial de dividir a los pueblos garífuna y de debilitar sus esfuerzos por inscribir los títulos colectivos de sus tierras ancestrales. Además, encontró que el Proyecto pretendía financiar actividades de concesión de títulos sobre las tierras étnicas sin contar con un marco jurídico y normativo adecuado y que no fue ajustado a sus cambios.

Durante la reunión del Directorio, el Panelreconoció “la importancia de regularizar los títulos de propiedad sobre la tierra en Honduras y la complejidad involucrada en lograrlo. Sin embargo, bajo el Proyecto se creó un mecanismo de consultas, la Mesa Regional, que es ajeno a las instituciones tradicionales ya establecidas que representan los intereses del pueblo garífuna. Las dos organizaciones pan-garífuna más importantes –OFRANEH y ODECO- no participaron en este mecanismo. El Panel constató que las comunidades económica y políticamente vulnerables se enfrentaron a la alternativa de participar en un proyecto que en su opinión no representaba sus intereses o bien optar por no tomar parte en el Proyecto y enfrentar la difícil tarea de oponerse a personas que intentan ocupar y reclamar sus tierras”.

A continuación del debate en el Directorio, los Directores Ejecutivos aprobaron el Plan de Acción presentado por la Administración, el cual contiene recomendaciones específicas para mejorar la participación de la comunidad, incluyendo el fortalecimiento de la Comisión intersectorial para la protección de los derechos a la tierra de las comunidades garífuna y mismito. Se acordó que dentro del plazo de doce meses, la Administración entregaría al Directorio un informe sobre la marcha de las actividades en la ejecución del Plan de Acción y analizaría junto con el Panel los temas referidos a las consultas.

El Proyecto, con un costo total de US$38,9 millones, busca modernizar la administración de tierras en Honduras a través del establecimiento de un sistema de administración de tierras integrado y descentralizado, compuesto por entidades públicas y privadas, que proporcione a los usuarios de la zona del Proyecto información precisa acerca de las parcelas urbanas y rurales y brinde servicios efectivos de administración de tierras en forma oportuna y en función de los costos nacionales en todo el país.